25 años después de la Constitución de 1991, ¿cree usted que Colombia es un mejor país?

por Luisa Fernanda Rodríguez Rodríguez, abogada de la Universidad Externado de Colombia, profesora del Departamento de Derecho Laboral.

Esta fue la pregunta que formuló Noticias RCN en sus emisiones del pasado 5 y 6 de julio, por 24 horas estuvieron abiertas las votaciones en línea, para mí la respuesta era obvia: SI.  Sin embargo y a pesar de mis predicciones el 6 de julio observé como 1821personas votaron por el NO y tan solo 365 votaron por él SI[1].  Las razones por las cuales no se obtuvo una mejor votación por el SI pueden ser muchas, pero esto me llevó a reflexionar sobre lo que ha sido mi vida como abogada laboralista en el marco de la Constitución de 1991 y a la vez pensar en aquellos que tuvieron que ejercer el derecho del trabajo antes de la Carta actual.

Cursé mi pregrado en vigencia de esta constitución por lo cual me siento inmensamente afortunada, como laboralista me cuesta imaginar el derecho laboral colombiano sin los extraordinarios aportes de la Constitución de 1991.

En primer lugar, el mismo derecho al trabajo no estaba consagrado en la Constitución de 1886 y fue sólo en la Carta de 1991 que el trabajo fue incorporado en su preámbulo para establecerlo como uno de los fines del Estado, en su artículo 1 como uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho y en el artículo 25 como un derecho y una obligación social.

Antes de la Constitución de 1991 el derecho de asociación sindical que hoy encontramos en el artículo 39 no estaba en el texto constitucional, al igual que el derecho a la negociación colectiva (art. 55) y el derecho a la huelga (art. 56). Antes de 1991 no teníamos unos principios mínimos fundamentales del derecho del trabajo, elevados a rango constitucional como hoy los encontramos en el artículo 53 que los enunció claramente[2]. La Constitución anterior no consagraba el derecho a la salud, a la seguridad social, a la garantía del poder adquisitivo de las pensiones, el no menoscabo de la libertad, la dignidad y  de los derechos de los trabajadores.

Pensemos adicionalmente en el derecho a la igualdad y sus dimensiones de no discriminación en el trabajo, en la protección a la mujer en estado de embarazo y al trabajador en situación de discapacidad, en la protección de la persona con afectación del mínimo vital y móvil, en las personas discriminadas por el ejercicio de la asociación sindical, pensemos por un momento en el derecho laboral colombiano sin la acción de tutela. No alcanzo a imaginar lo que sería el ejercicio del derecho laboral sin la Corte Constitucional y los grandes fallos y líneas jurisprudenciales aportadas por esta Corporación.

Puede resultar sencillo afirmar que Colombia no es un mejor país después de la Constitución de 1991, probablemente muchos de los que así piensan no han vivido en un Estado que no garantice constitucionalmente estos derechos fundamentales o si alcanzaron a vivir en él fueron privilegiados al no necesitar la protección de los mismos. Lo cierto es que antes de la Constitución de 1991 todos estos derechos no tenían rango constitucional ni su protección era tan efectiva como puede serlo hoy, es claro que no estamos en el país de las maravillas, pero sin lugar a dudas si estamos en un país mejor del que teníamos con la Carta anterior.

Al pensar en la trascendencia que para el derecho laboral ha tenido estos 25 años con la Constitución de 1991, no puedo dejar de rememorar aquellos trabajadores colombianos que a lo largo del siglo XX tuvieron que abrirse paso en medio de circunstancias jurídicas adversas, piensen en lo que significaba luchar por los derechos al trabajo, a la asociación sindical, a la no discriminación en el empleo, al mínimo vital y móvil sin la constitución que hoy tenemos, lo que hoy nos parece básico y de lógica relación constitucional, en dicha época tenía como única opción de protección la jurisdicción ordinaria con procesos que se resolvían en términos que oscilaba entre 3 y 6 años, imaginen ese panorama.

Cuantas personas murieron sin medicamentos, tratamientos o atención integral en salud y que ni siquiera tenían la esperanza de la tutela que hoy existe, y cuantos por medio de este mecanismo han podido obtener la atención que requieren; pienso en todos los trabajadores que fueron perseguidos o discriminados por el ejercicio de asociación sindical o en todas las maniobras utilizadas para desconocer este derecho y que escapaban a la visión constitucional de los jueces o en los trabajadores que tenían servicios de salud pero sus hijos no tenían porque no existía la cobertura familiar.

Recuerdo una anécdota que me contó mi mamá hace poco, en la empresa en la que laboraba (antes de 1991) se realizaban incrementos salariales anualmente a todos los trabajadores excepto a los trabajadores en situación de discapacidad quienes recibían salarios inferiores al del resto de los trabajadores y nunca se les incrementaban, la razón dada por la empresa era sencilla “los trabajadores en situación de discapacidad no tenían derecho a estos aumentos y antes debían estar agradecidos por que la empresa les daba trabajo”, algo que a la luz de la Constitución actual parecería absurdo y constituiría claramente un acto discriminatorio que hoy con una acción de tutela podría solucionarse fácilmente, para la época exigió una gran movilización de solidaridad de los trabajadores para lograr derrotar estas prácticas, sin las herramientas que hoy existen lo que hoy nos parece lógico, en ese momento no lo era y requería una intensa acción y desgaste.

Definitivamente no comprendo las reminiscencias y nostalgias de esta clase de pasado, me alegra saber que mi hijo tiene la oportunidad de vivir en un Estado Social de Derecho y me siento afortunada de poder ejercer el derecho laboral en vigencia de la Constitución de 1991.

[1] http://www.noticiasrcn.com/content/25-anos-despues-constitucion-1991-cree-colombia-hoy-un-mejor-pais

[2] Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

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