15 de marzo de 2019

El debilitamiento de las reglas de las mayorías como consecuencia de la atomización sindical

Por

Diego Sánchez  Acero

Mediante sentencia del 4 de julio de 2018[1], la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sede de segunda instancia, dentro de un proceso especial de declaración de ilegalidad de huelga, confirmó la sentencia de primera instancia del 26 de febrero de 2018 de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, por medio de la cual declaró la legalidad de una huelga promovida y votada por una organización sindical de trabajadores, de carácter municipal, integrada por 81 trabajadores afiliados, que representaban menos del 3% del total de trabajadores pertenecientes a la planta de personal de una universidad, del orden nacional, que al momento de la realización de la huelga contaba con cerca de 3300 trabajadores.

 

Conforme a lo anterior, por vía jurisprudencial, se estableció una sub-regla, en la modalidad de excepción, a la regla general de orden público prevista en el inciso segundo del artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), consistente en que la decisión de realizar una huelga debe ser tomada “mediante votación secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato, o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores”, a menos que, según la Sala de Casación Laboral, la empresa cuente con distintas sedes territoriales y que en cada sede exista una organización sindical de trabajadores del orden seccional o local que agrupe la mayoría de trabajadores de la respectiva sede y que no reúna la condición de subdirectiva seccional o comité local de una organización sindical de trabajadores del orden nacional.

 

En este sentido, la excepción jurisprudencial se traduce en que cuando una empresa o entidad del orden nacional cuente con sedes departamentales o municipales y en dichas sedes territoriales exista una organización sindical de trabajadores del orden seccional o local, la mayoría absoluta de los trabajadores de la respectiva sede o la organización sindical de trabajadores que reúna la mayoría de trabajadores afiliados perteneciente a la respectiva sede territorial, puede promover y votar la realización de una huelga sin importar la totalidad de trabajadores pertenecientes a la planta personal de la organización patronal nacional.

 

En el caso concreto, la Universidad Cooperativa de Colombia, a nivel nacional, cuenta con una planta de personal de aproximadamente 3300 trabajadores y la decisión de votar la realización de una huelga, en una de sus sedes, fue tomada por una organización sindical de trabajadores, del orden municipal, integrada por 81 afiliados, quienes constituyeron un quórum deliberatorio con 50 trabajadores afiliados y un quórum decisorio con 38 trabajadores afiliados. De manera tal que 38 trabajadores de 3300 trabajadores de la respectiva universidad decidieron la realización de una huelga. En otras palabras, a partir de la sentencia del 4 de julio de 2018 de la Sala de Casación Laboral[2], menos del 2% de los trabajadores pueden tomar la decisión de promover y realizar una huelga en la sede territorial de una empresa o entidad del orden nacional.

 

Para argumentar la confirmación de la decisión de primera instancia, la Sala de Casación Laboral indicó que las organizaciones sindicales de trabajadores de carácter municipal, que no tengan la condición de subdirectivas seccionales o comités locales de organizaciones sindicales de trabajadores de una empresa o entidad del orden nacional, en virtud de la autonomía sindical inherente a una organización sindical legalmente constituida[3], independientemente de su condición mayoritaria a nivel nacional, pero si a nivel territorial, puede votar la realización de la huelga sin necesidad de reunir la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o entidad nacional y sin necesidad de que tengan la condición de ser la organización sindical mayoritaria al interior de la organización patronal nacional como lo establecen los artículos 444 y 450 del CST.

 

Lo anterior invita a formular dos preguntas a modo de reflexión. En primer lugar: ¿La Sala de Casación Laboral puede establecer una sub-regla, en la modalidad de excepción, a una regla de orden público prevista en el Código Sustantivo del Trabajo, desconociendo el poder legislativo del Congreso de la Repa una regla de orden público preislativo del Congreso de la Repcepcipresa o entidad del orden nacional.siempre y cuando no ren mública previsto en el artículo 150 de la Constitución Política de Colombia?. En segundo lugar: ¿El atomismo sindical, reconocido en la sentencia C-567 de 2000[4], debilita las reglas de orden público sobre las mayorías decisorias en materia sindical?

 

 

[1] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, sentencia 80409 del 4 de julio de 2018, M. P.: Jorge Mauricio Burgos Ruíz.

[2] Ibídem.

[3] En este sentido, sin citar norma constitucional o legal alguna, la Sala de Casación Laboral afirmó: “En este caso, por la fuerza de la existencia misma del sindicato, con personería jurídica y de sus estatutos vigentes, de los que se desprende que dicha organización ejerce la representación únicamente de los trabajadores de la sede Neiva y así lo ha venido aceptando la misma UCC al llevar a la fecha dos convenciones colectivas pactadas, fl. 114 C1A, se ha de considerar mayoritario respecto del número de servidores del empleador en la sede Neiva, como lo hizo el a quo”. Ibídem.

[4] Corte Constitucional. Sentencia C-567 de 2000, M. P.: Alfredo Beltrán Sierra.