El camino hacia la igualdad

Por Jorge Mario Benítez Pinedo,Abogado y Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. Magister en Derecho de la empresa y de los negocios de la Universitat de Barcelona y Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la misma universidad.

Aunque aún queda un largo camino por recorrer, el avance en la efectividad de los derechos fundamentales de diversos grupos poblacionales tradicionalmente discriminados ha sido posible gracias a la intervención de la Corte Constitucional.

A finales de la semana pasada diversos medios de comunicación difundieron la noticia acerca de la protección que otorgó la Corte Constitucional a un ciudadano, miembro de la comunidad LGBTI, que fue objeto de discriminación por parte del personal de vigilancia de un centro comercial en la ciudad de Barranquilla[1]. Esta noticia se suma a otras tantas que en los últimos meses han dado cuenta de los avances en materia de igualdad y no discriminación a la población LGBTI de la mano de la Corte Constitucional, entre ellas, el matrimonio y la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

También han sido múltiples las sentencias de la Corte Constitucional tutelando los derechos de la población negra frente a actos de discriminación cometidos en lugares abiertos al público e incluso en dependencias oficiales. Famoso fue el caso de las dos hermanas en la ciudad de Cartagena a quienes negaron el ingreso a una reconocida discoteca de la ciudad por su color de piel, o el de la mujer a quien le fue negado el ingreso al edificio del Icetex en la ciudad de Medellín, teniendo también como motivación el hecho de que la mujer era de raza negra.

A pesar de los avances que ha significado la jurisprudencia de la Corte Constitucional en esta materia, lejos estamos de convertirnos en una sociedad más justa e incluyente, libre de prejuicios y donde a las personas se les trate acorde con su dignidad como tal. Episodios como los descritos anteriormente se siguen repitiendo a diario a pesar de los pronunciamientos de la Corte: miembros de una familia de raza negra a quienes les niegan el ingreso en un famoso restaurante ubicado en un exclusivo sector de la ciudad de Bogotá; una mujer negra a quien tampoco le permiten el ingreso en un reconocido bar de Bogotá cuyos dueños, además, tenían antecedentes de discriminación en otros bares de la ciudad de los cuáles eran propietarios; una pareja de jóvenes que fueron agredidos físicamente por la policía en la ciudad de Cartagena por su orientación sexual y cuya vivienda fue allanada de forma ilegal; parejas del mismo sexo que son expulsadas de centros comerciales en Bogotá o Cali por darse muestras de afecto en público.

Para obtener un panorama, bastante desolador por cierto, de la sociedad en la que vivimos basta con leer los comentarios que suelen hacer los internautas por redes sociales a noticias relacionadas con casos de discriminación o de violencia de género: que la culpa es de la víctima, que eso les pasa por maricas, que va contra las leyes de la naturaleza y un largo etcétera que dejan ver la cantidad de prejuicios enquistados en la sociedad. Otro tanto puede decirse del lenguaje cotidiano que solemos usar y al que estamos tan acostumbrados que no reparamos en la carga discriminatoria que tienen encima: “trabaja como negro”, “este sol es de negros”, “lloras como una niña”, “hazlo como hombre”, “eso es de mujeres”, “esto es de maricas”, etc. Todas estas son expresiones que no hacen sino reforzar estereotipos racistas, machistas u homófobos y que son discriminadoras en sí mismas independientemente de la intención con la que sean dichas.

Lo más preocupante de todo viene cuando la violencia, verbal o física, o los actos de discriminación no provienen de los ciudadanos del común sino de las autoridades a donde las víctimas acuden en procura de la defensa de sus derechos. Es preocupante el discurso de odio que se lanza desde la Procuraduría contra la población LGBTI o contra la mujer a propósito del ejercicio de sus derechos reproductivos. Es preocupante que la defensa de una entidad pública base su argumentación en estereotipos de género y culpe a la víctima de su propia violación y posterior asesinato. Es preocupante que la Fuerza Pública sea quien agreda a los miembros de la comunidad LGBTI cuando su misión es defenderlos de los ataques que constantemente reciben. Hace poco fuimos testigos, a través de los medios de comunicación, de la forma violenta en que un policía de Medellín separó a dos jóvenes homosexuales que se daban un beso en una plaza pública. Lo paradójico de la situación es que el video se grabó como parte de una campaña contra la homofobia en la que se registraban las reacciones de la gente al ver a dos personas del mismo sexo dándose un beso en la calle.

Ante este panorama es claro que aún nos queda mucho por hacer y que las acciones en este sentido nos competen tanto a nosotros como ciudadanos como al Estado. La capacitación a los miembros de la Fuerza Pública y demás funcionarios en materia de respeto de los derechos humanos es fundamental. Pero también es necesario que como ciudadanos entendamos la importancia del respeto hacia el otro, del respeto por la diferencia y por las opciones de vida de cada quien. Lo que nos da esperanza a quienes creemos en la justicia y en el derecho como forma de solución de los conflictos es que la Corte Constitucional ha asumido con firmeza su papel como protectora de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ha sido gracias a sus pronunciamientos que se han logrado los avances obtenidos hasta el momento.

[1] http://www.semana.com/nacion/articulo/lgbt-en-barranquilla-centro-comercial-debera-excusarse-por-discriminacion/481136