Desafíos y respuestas a los efectos de la reducción de la jornada laboral en Colombia

Por: Juan Camilo Villar Otálora.

De acuerdo con lo dispuesto por La Ley 2101 de 2021, a partir del 15 de julio de 2024 nuevamente se reducirá, en una hora, el tiempo destinado a cumplir con las actividades laborales en Colombia. Al respecto, es pertinente mencionar que se reducirán anualmente las horas laboradas por semana, pasando de 48 a 42 horas durante el periodo 2023-2026, sin afectación alguna al salario, ni a los derechos y garantías de los trabajadores. En ese sentido, la nueva jornada laboral que regirá a partir de este mes y hasta el 15 de julio de 2025 será de 46 horas semanales.

Históricamente se ha tenido la falsa percepción de que mientras más larga sea la jornada laboral, mayor será el trabajo realizado. No obstante, diversos estudios además de demostrar la no existencia de una relación directa y positiva entre horas laboradas y productividad del factor trabajo, también han evidenciado que jornadas extensas tienden a afectar de manera negativa este indicador, el cual funge como una correcta aproximación a la medición de la eficiencia y efectividad.

Por citar un ejemplo, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) mientras que en Colombia se trabajaron en 2023, en promedio, 2,226 horas anuales por trabajador, en países como Dinamarca y Alemania la media fue de 1,380 y 1,343 horas, representando un 39,7% menos. Sin embargo, aunque Colombia es el segundo país en esta clasificación dentro del conjunto de países OCDE, ocupa el último lugar en la clasificación de productividad laboral.

En ese sentido, mientras que el aporte promedio al Producto Interno Bruto (PIB) por hora trabajada en Irlanda y Noruega fue de USD 162,5 y USD 161,8, para el país fue de tan solo USD 20,0. Al efectuar esta misma comparación con los países de América Latina pertenecientes a la OCDE, donde el aporte fue de USD 67,5, respecto a Chile (USD 35,5), Costa Rica (USD 29,6) y México (USD 24,0) las diferencias son -77,5%, -47,9% y -20,0%, respectivamente.

Así las cosas, la segunda reducción de la jornada laboral en Colombia supone una serie de retos y desafíos que demandan un conjunto de acciones y estrategias, a nivel firma y a nivel gobierno, que contribuyan a la mejora progresiva de los indicadores laborales previamente enunciados. Asimismo, y con base en la evidencia, es de carácter urgente la implementación de estrategias transversales que contribuyan al tránsito rápido y efectivo hacia una nueva cultura laboral.

De los principales desafíos identificados, y el más debatido por los gremios, es el impacto económico sobre la productividad y los costos laborales. Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para 2023: (i) el 99,7% de las firmas activas en el país se clasifican en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMe); (ii) en conjunto, estos establecimientos generan el 80,1% del empleo total y el 52,9% del empleo formal, (iii) la tasa de supervivencia promedio es de 3 a 5 años; y (iv) estas firmas son las que mayores rigideces enfrentan en su estructura de costos.

Aunando a lo anterior, otra de las preocupaciones radica en los efectos directos sobre el mercado de trabajo. Sobre este aspecto de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2023: (i) en promedio el 54,6% del empleo total se concentró en cuatro de las 13 actividades económicas; (ii) las 13 principales ciudades concentran el 47,5% de la población ocupada; (iii) la tasa de desempleo promedio fue de 10,2%; y (iv) el promedio de la población en condición de informalidad fue de 56,4%.

De manera adicional, existen otra serie de inquietudes asociadas con la competitividad de las firmas, la potencialización de desigualdades sectoriales y brechas de género existentes, la implementación de los ajustes regulatorios necesarios para hacer cumplir el propósito de la medida, la evaluación de impacto de los resultados y su respectiva sostenibilidad en el largo plazo.

En ese orden de ideas, y a efectos de otorgar una respuesta óptima que satisfaga al conjunto de factores explicados, desde una perspectiva a nivel microeconómico la implementación de programas Investigación y Desarrollo (I+D) en las firmas ofrece numerosas ventajas que pueden impulsar la productividad, la competitividad y la eficiencia operativa mediante: (i) el desarrollo o la mejora de bienes y servicios; (ii) la apertura de nuevos mercados y la diversificación del riesgo; (iii) la creación de patentes y la protección de la innovación; y (v) la optimización de los costos.

En línea con lo anterior, desde una perspectiva a nivel macroeconómico, el Gobierno Nacional debe propender por: (i) implementar herramientas de política económica contracicilica; (ii) llevar a cabo reformas laborales que permitan una mayor flexibilidad del mercado; (iii) generar incentivos a la inversión y a la innovación; (iv) fomentar el comercio internacional; (v) fomentar sectores económicos estratégicos y con alto potencial de crecimiento; y (vi) garantizar una mejora del entorno empresarial mediante la simplificación administrativa y la estabilidad jurídica.