Las implicaciones económico-financieras del informe de la CGR sobre las EPS

Por: María Camila Hernández Peñaranda.

El funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) depende de diversos factores como la calidad en la prestación del servicio y las buenas prácticas financieras de los agentes que conforman el sistema. El informe sobre la situación financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) publicado por la Contraloría General de la Nación presenta un escenario preocupante. Las EPS no solo tienen grandes deudas con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y los proveedores de medicamentos y tecnologías en salud, sino que también carecen de la capacidad financiera para pagarlas y no cumplen con los requisitos financieros exigidos para su funcionamiento.

La principal preocupación que se genera del informe es el alto monto de pasivo que tienen las EPS. Para octubre de 2023, la deuda con las IPS y los proveedores de servicios de salud ascendió a 11.3 billones de COP, donde la mayoría de este pasivo es corriente (93.5 %), es decir, que deben de pagar estas obligaciones en menos de un año. Del total de EPS, hay tres que resaltan por tener más del 50 % de la deuda total: (i) Famisanar con el 19.5 % del total; (ii) Sanitas con el 17.9 %; y (iii) Emsanar con el 13.4 %. Por otro lado, se identifica que la mayoría de las EPS incumplen el Régimen de Inversiones de Reservas Técnicas, el cual exige la inversión del 100 % de los recursos[1]. Aun así, sólo 5 de las 26 EPS cumplen con el requerimiento. Así mismo, la Contraloría encuentra que el pasivo de las reservas técnicas alcanza $13.7 billones, de los cuales solo $1.3 billones están respaldados en inversiones[2]. Es decir, que se observa que faltan por respaldar $12.4 billones. Estas cifras evidencian la magnitud de las obligaciones financieras de las EPS y plantean interrogantes sobre su capacidad para cumplir con estas responsabilidades.

La Contraloría analiza los indicadores de liquidez[3] y de solvencia[4] que permiten conocer la capacidad de pago que tienen las EPS. El indicador de liquidez señala la facilidad con la que una entidad puede pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo los activos corrientes. En este caso, dado que el 93.5 % de las deudas contraídas por las EPS son corrientes, este indicador es esencial para identificar si tiene la capacidad de responder a las obligaciones que tienen con las IPS y los proveedores. El indicador de solvencia indica la capacidad de pago del total del pasivo con respecto al total de activos, lo que es importante en el análisis para determinar si las EPS pueden pagar su pasivo total.

Desafortunadamente, el informe revela desequilibrios financieros significativos en la mayoría de las EPS. De las 26 EPS, solo 10 cumplen con el indicador de liquidez y 11 con el de solvencia. Se observa que todas aquellas que cumplen con el indicador de liquidez también cumplen con el de solvencia, y el único caso que no lo hace es EPM Salud. Es decir, que el 57.7 % no tiene la capacidad de pago de sus pasivos. Con lo anterior, queda claro que la situación financiera de las EPS es precaria y, a su vez, preocupante.

Sin embargo, no es claro cuáles son las razones para haber llegado a esta compleja situación financiera, lo que genera más preguntas que respuestas. Primero, uno se pregunta si podría atribuirse en parte al cálculo de las Unidades de Pago por Capitación (UPC). Si la UPC subestima el costo por paciente, las EPS podrían enfrentarse a la necesidad de endeudarse para mantener la prestación de servicios de salud. Aun así, es fundamental tener en cuenta que anualmente el Ministerio de Salud recalcula las UPC y sus incrementos, basándose en la información proporcionada por las EPS sobre los procedimientos realizados, las tecnologías empleadas y los servicios brindados.

Una segunda razón podría ser que la vigilancia sobre las EPS podría no ser la adecuada, lo que también contribuiría a su situación financiera. Si el requisito para su funcionamiento es que el 100 % de los recursos estén invertidos, resulta preocupante que solo 5 de las 26 EPS cumplan con este criterio y ninguna autoridad se haya pronunciado al respecto en los últimos años. En este sentido, sería crucial realizar un análisis de las entidades encargadas de la supervisión y control de las EPS y de la vigilancia y control fiscal de los recursos públicos que ellas manejan, así como de la gestión de sus recursos.

Por último, es necesario examinar si la deuda del gobierno nacional con las EPS también influye en este endeudamiento. Al respecto, la Contraloría indica una deuda gubernamental de $3 billones, que es considerablemente menor que el pasivo total de las EPS y, adicionalmente, hay que recordar que gran parte de esta deuda fue saldada durante la administración Duque en 2022. Por lo tanto, es poco probable que esta sea la principal causa de la situación financiera de las EPS. En conclusión, el informe de la Contraloría ofrece una oportunidad para investigar y así comprender mejor el comportamiento financiero de las EPS y, por consiguiente, evaluar las causas que han llevado a esta situación.

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[1] Decreto 780 de 2016.

[2] Las inversiones se hacen en bonos de deuda pública, títulos a la vista de alta liquidez y otros.

[3] La fórmula del indicador de liquidez es Activo corriente/Pasivo corriente. Si el valor es igual o mayor a 1 es satisfactorio, ya que el activo corriente es capaz de pagar el total del pasivo corriente o incluso más.

[4] La fórmula del indicador de solvencia es Total del activo/Total del pasivo. Si el valor es igual o mayor a 1 es satisfactorio, ya que el total del activo es capaz de pagar el total del pasivo o incluso más.